De septiembre del 2020 hasta el 2025, el INE ha documentado 496 agresores de mujeres en el ámbito político, sin embargo, la mitad no recibió sanción, a pesar de que 48% de los casos fueron acreditados

Por ISAURA GUZMÁN

En total, 216 personas no enfrentaron ninguna consecuencia, según datos del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.

El informe, a nivel nacional, revela que existen 11 registros, mientras que en el ámbito local Oaxaca encabeza la lista con 147 infracciones, seguido de Veracruz (58), Chiapas (39), Tabasco (32) y Campeche (31).

Los datos corresponden al periodo comprendido desde la creación del registro en septiembre de 2020 hasta el cierre de 2025.

Entre las agresiones más recurrentes documentados por el.documento se encuentra la violencia psicológica, que incluye prácticas como minimización, segregación, ignorancia, invisibilización, denigración y cosificación de las víctimas.

También se identifican múltiples casos de violencia simbólica, caracterizada por publicaciones en redes sociales y discursos públicos que reproducen estereotipos de género.

Además, el registro documenta violencia económica, en la que mujeres políticas fueron privadas de su salario o destituidas de sus cargos bajo el argumento de que, por ser mujeres, no eran capaces de desempeñar sus funciones.

Entre las principales víctimas se encuentran las regidoras en primer lugar con 186 víctimas, seguidas por candidatas (131), síndicas (58) y presidentas municipales (52).

También se registraron agresiones contra 28 diputadas locales, cuatro diputadas federales y cuatro gobernadoras, entre otros cargos.

El Registro Nacional es público y se actualiza de manera constante, pero no es vinculante, lo que significa que las personas agresoras no están obligadas a renunciar a sus candidaturas ni a sus cargos públicos.

Ante esta situación, el INE ha propuesto reformas legales para impedir que quienes cuenten con sentencias por violencia política de género puedan ocupar cargos públicos.

El informe fue presentado por las consejeras electorales Adriana Favela y Claudia Zavala, en el marco de las actividades del INE por el Día Internacional de la Mujer, que incluyeron la iluminación de edificios institucionales.

Las consejeras explicaron que el Registro Nacional se creó como una herramienta de consulta pública con el objetivo de visibilizar la violencia política de género y generar conciencia ciudadana.

El documento incluye testimonios que dan cuenta de agresiones físicas, verbales y amenazas. En uno de los casos se señala que un grupo de personas ingresó de manera violenta a la oficina de una víctima, la sometió para obligarla a renunciar y la amenazó con gasolina y agresiones sexuales.

En el registro aparecen como responsables presidentes municipales, regidores, periodistas, síndicos, directores de medios, funcionarios partidistas, candidatos, servidores públicos, influencers y ciudadanos, aunque los políticos concentran el mayor número de sanciones.

La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, encargada de integrar el conteo, advierte que, si bien el registro nació como una medida de reparación y visibilización, actualmente resulta insuficiente, ya que no logra inhibir de manera efectiva la violencia política contra las mujeres.